Cómo nos afecta la Ley de Morosidad para solicitar subvenciones 2023

May 31, 2023 | General

ATEVAL | Ley de Morosidad para solicitar subvenciones

La modificación de la Ley General de Subvenciones (38/2003) el pasado mes de octubre ha puesto contra las cuerdas a un número de empresas realmente elevado en nuestro país. A través de la Ley Crea y Crece (18/2022) se modificaron los artículos 13 y 31 de la Ley General de Subvenciones, introduciendo dos requisitos adicionales:

  • La imposibilidad de ser beneficiario de una subvención de más de 30.000 euros para aquellas empresas que incumplan la Ley de Morosidad publicada en el año 2004 (3/2004).
  • Para las empresas beneficiarias de las ayudas, se exige que los gastos justificados de los proyectos hayan sido pagados dentro del plazo establecido en la Ley de Morosidad (3/2004).

Estas modificaciones se traducen en que todas las empresas que quieran optar a una subvención superior a los 30.000 euros deben acreditar que pagan a sus proveedores según lo establecido en la Ley de Morosidad para 2023: 30 días desde la recepción de la mercancía o servicio o bien 60 días máximo si existe pacto entre las partes.

Así, se establece que las empresas que contablemente puedan presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas acrediten el cumplimiento de la Ley de Morosidad a través de una declaración de la propia empresa.

Aquellas empresas que no puedan presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas deberán acreditar este hecho a través de un auditor ROAC. Concretamente, en el informe de auditoría debe aparecer un apartado específico donde el auditor exponga el ratio de facturas pagadas dentro del plazo establecido por la nueva Ley de Morosidad. Si la empresa cumple con el 100% de las facturas en plazo, el auditor emitirá un certificado de cumplimiento.

Si la empresa no cumple con el 100% de las facturas revisadas en el informe de auditoría, deberá solicitar al auditor (mismo que realiza las cuentas auditadas u otro) que elabore un Informe de Procedimientos Acordados (IPA), que consiste en realizar un muestreo de entre 50 y 150 facturas para comprobar si cumple la nueva Ley de Morosidad. En caso de que el muestreo realizado cumpla con la Ley, el auditor emitirá el IPA favorable.

Cumplimiento máximo

Con la normativa actual, tanto el informe de auditoría y certificado como el IPA buscan el 100% de cumplimiento. El primero hace una revisión global de las facturas pendientes de pago y el segundo hace una “foto” de la situación de los pagos de la empresa a través de una muestra de entre 50 y 150 facturas. De esa forma, el alcance del IPA es menor que la primera opción, siendo por ello la validez de los documentos diferente (un año para el certificado de cumplimiento y seis meses para el IPA).

El pasado 18 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados una modificación de esta Ley. Con ella se permite al auditor emitir el informe IPA favorable si la empresa tiene al menos un 90% de cumplimiento de esta Ley de Morosidad en el muestreo de facturas, pero hasta que no se apruebe en el Senado y se publique en el BOE no tendrá carácter oficial.

Cambio por el adelanto electoral

Sin embargo, observando la actual situación política tras las elecciones municipales, es muy importante matizar que con la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio, el plazo de aprobación y publicación en el BOE se queda en suspensión.

Dado el carácter urgente de la tramitación de las modificaciones indicadas, esperamos que el órgano en funciones que recoja el testigo hasta las próximas elecciones y formación de Gobierno, pueda terminar la tramitación en el plazo inicialmente estimado para que el impacto en las empresas sea algo menor.

Fuente: Zabala Innovation
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